Construir un país más justo empieza por cuidar la salud mental

Esta columna fue escrita por los columnistas invitados Lorena Cudris y Stefano Vinaccia Alpi.

Cada 10 de octubre, el mundo conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, una fecha que invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar este aspecto fundamental de la vida humana. En Colombia, esta conmemoración adquiere una dimensión urgente, dado que las problemáticas en torno a la salud mental han crecido de manera sostenida en la última década, en un contexto marcado por la desigualdad social, el conflicto armado y las secuelas de la pandemia de Covid-19. Reconocer la magnitud del desafío implica no solo dimensionar la crisis, sino también identificar los actores y estrategias que deben contribuir a superarla.

La magnitud del problema en Colombia

Según datos del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2024), cerca del 35 % de los colombianos ha experimentado un trastorno mental en algún momento de su vida, siendo la depresión, la ansiedad y los trastornos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas los más frecuentes. A esto se suma que el país presenta tasas preocupantes de suicidio: la OMS reporta que en 2023 la tasa alcanzó 6.2 por cada 100.000 habitantes, con un incremento significativo en jóvenes entre los 15 y 29 años. Estas cifras revelan que el fenómeno no se limita a casos individuales, sino que constituye un problema de salud pública de primer orden.

El sistema de salud colombiano enfrenta un déficit estructural en la atención de esta problemática. Según la Asociación Colombiana de Psiquiatría (2024), el país cuenta con menos de 1.5 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, una cifra inferior al promedio latinoamericano. A esto se suma la insuficiencia de Psicólogos con posgrados en Psicología Clínica y de la Salud tanto en zonas urbanas como rurales y la estigmatización que todavía rodea el hecho de buscar ayuda profesional. En consecuencia, gran parte de la población que experimenta síntomas no recibe atención oportuna ni continua.

Retos principales

El primer reto consiste en superar la brecha en el acceso a los servicios de salud mental, especialmente en zonas rurales y periferias urbanas donde las EPS y las instituciones hospitalarias carecen de infraestructura suficiente. En segundo lugar, se requiere derribar el estigma cultural que asocia la enfermedad mental con debilidad personal o vergüenza, lo cual desincentiva a las personas a buscar ayuda profesional. En tercer lugar, se debe avanzar en políticas públicas integrales, que trasciendan la atención clínica y promuevan la prevención, la educación emocional y la promoción de hábitos de vida saludables.

Otro desafío consiste en integrar la salud mental al marco de la reparación y reconciliación nacional. Colombia es un país donde millones de personas han vivido experiencias de desplazamiento, violencia armada y pérdida de seres queridos. La atención psicosocial a víctimas del conflicto armado continúa siendo insuficiente y fragmentada, lo que dificulta su recuperación y su integración plena a la vida social y productiva.

Estrategias para superar la crisis

El abordaje de la salud mental debe ser multidimensional, en primer lugar, el gobierno nacional tiene la responsabilidad de aumentar la inversión en programas de atención psicológica y psiquiátrica, garantizar la cobertura universal y priorizar la formación de profesionales especializados. Igualmente, debe implementar campañas de sensibilización a gran escala que reduzcan el estigma y promuevan la búsqueda de ayuda oportuna.

Las universidades cumplen un papel estratégico en este proceso, no solo forman a los futuros profesionales de la salud, sino que también son espacios de investigación, innovación y extensión social. Muchas universidades colombianas ya cuentan con clínicas psicológicas y programas de acompañamiento estudiantil que pueden expandirse hacia las comunidades vulnerables. Además, la academia puede generar conocimiento contextualizado sobre factores de riesgo, modelos de intervención comunitaria y políticas públicas efectivas.

La comunidad, por su parte, no debe ser un actor pasivo, la salud mental es también un asunto colectivo que requiere redes de apoyo, espacios de escucha y entornos protectores. Las familias, organizaciones sociales y líderes comunitarios tienen la capacidad de detectar signos tempranos de malestar emocional y de acompañar procesos de cuidado. Un país que asuma la salud mental como responsabilidad compartida estará mejor preparado para afrontar los desafíos de cohesión social y desarrollo.

La población vulnerable: prioridad inaplazable

Si bien toda la sociedad está expuesta a problemas de salud mental, existen grupos especialmente vulnerables que demandan acciones inmediatas:

• Niños y adolescentes: La niñez es la etapa en la que se desarrollan habilidades socioemocionales clave. Sin embargo, la violencia intrafamiliar, el acoso escolar y el uso problemático de redes sociales afectan de manera creciente su bienestar psicológico. Se requieren programas escolares de prevención del acoso, educación emocional y acceso gratuito a Psicólogos en colegios.
• Adultos mayores: el envejecimiento poblacional es un fenómeno creciente que también se presenta en Colombia, y según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane), para 2024 la población mayor de 60 años alcanzó 7´891.331 personas, lo que representan el 15% del total nacional. Muchos de estos adultos mayores enfrentan estigma, edadismo, soledad, abandono y pobreza. Estos factores los exponen a depresión y deterioro cognitivo. Estrategias de acompañamiento intergeneracional, centros de día, redes de voluntariado y diseño de programas para la longevidad positiva, pueden contribuir a su bienestar emocional.
• Víctimas del conflicto armado: Más de 9 millones de personas han sido registradas como víctimas del conflicto. El trauma, el duelo y la pérdida de proyectos de vida dejan huellas profundas que no pueden abordarse únicamente desde la reparación económica. Se requieren intervenciones psicosociales sostenidas, culturalmente pertinentes y centradas en la resiliencia comunitaria.

Atender a estos grupos es no solo un acto de justicia social, sino una inversión en el futuro del país.

Por último, el Día Mundial de la Salud Mental no debe ser una fecha de declaraciones simbólicas, sino una oportunidad para replantear el lugar de la salud mental en las prioridades nacionales. En Colombia, garantizar este derecho implica articular esfuerzos entre el Estado, la academia y la sociedad civil, con un enfoque en la prevención, la equidad territorial y la atención integral.

Cuidar la salud mental no es un lujo ni una responsabilidad individual exclusiva, es una condición indispensable para la paz, la productividad y la cohesión social. Reconocerlo es el primer paso; actuar en consecuencia es el reto que hoy enfrentamos como nación.