Día Mundial de la Salud Sexual: avances y brechas que la atención primaria debe atender en Colombia

El Día Mundial de la Salud Sexual, celebrado cada 4 de septiembre, es más que una fecha simbólica: es una oportunidad para examinar de manera crítica los logros y pendientes en torno a los derechos sexuales y reproductivos. En 2025, bajo el lema internacional “Sexual Justice: What Can We Do?”, Colombia enfrenta un panorama complejo.

Mientras los nacimientos caen a su punto más bajo histórico con 445.011 en 2024, un 13,7% menos que en 2023, según el DANE, persisten desigualdades profundas en el acceso a métodos anticonceptivos modernos, en la prevención de infecciones de transmisión sexual y en la atención integral del embarazo adolescente. A ello se suman alertas sanitarias como el aumento de la sífilis congénita y la incidencia sostenida del VIH. La atención primaria, que constituye la primera línea de respuesta, está llamada a traducir políticas y protocolos en acciones concretas que reduzcan brechas, fortalezcan la equidad territorial y garanticen una salud sexual digna, segura y basada en derechos para toda la población.

Avances recientes: logros en VIH y vacunación

Uno de los progresos más significativos se encuentra en la respuesta al VIH. La Cuenta de Alto Costo (CAC) documentó 14.670 casos nuevos en 2023, un incremento del 13,6% frente a 2022, lo que confirma que la epidemia sigue activa. No obstante, también se reporta que más del 95% de las gestantes con VIH recibieron terapia antirretroviral, logrando reducir la transmisión maternoinfantil a menos del 0,5%, un avance que acerca al país a la meta de eliminación propuesta por la OMS. A nivel internacional, ONUSIDA estima que 230.000 personas viven con VIH en Colombia, y reconoce la expansión de la profilaxis preexposición (PrEP), utilizada por más de 6.600 personas en 2023.

En paralelo, la vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) ha mostrado signos de recuperación. Tras años de retroceso, en 2024 el Ministerio de Salud relanzó la campaña nacional, incluyendo a niñas y niños, y adoptó la recomendación de la OMS de aplicar esquemas de dosis única. La OPS acompañó este proceso y confirmó que la ampliación de la cobertura a varones fortalece la protección colectiva. La medida no solo optimiza recursos logísticos, sino que también abre la posibilidad de recuperar la confianza en una vacuna clave para reducir la incidencia del cáncer cervicouterino y otras enfermedades asociadas al VPH.

Brechas persistentes: embarazo adolescente y anticoncepción desigual

El embarazo adolescente sigue siendo un reto estructural. En 2022, la tasa fue de 91,7 nacimientos por cada 1.000 mujeres de 15 a 19 años, cifra elevada en comparación con otros países de la región. Aunque las estadísticas muestran una tendencia descendente desde 2015, el embarazo adolescente continúa reflejando desigualdades en acceso a educación sexual, métodos anticonceptivos y oportunidades sociales.

La necesidad insatisfecha de anticoncepción también persiste. La ENDS reveló que el 7,4% de las mujeres en edad fértil no accede a métodos adecuados a 2015, con una brecha mucho más amplia en zonas rurales e indígenas, donde supera el 12%. Los métodos de larga duración (implantes, DIU) siguen sin estar disponibles en todos los territorios, lo que condiciona el ejercicio real de los derechos reproductivos.

Retos sanitarios 2025: sífilis congénita y educación sexual debilitada

El Instituto Nacional de Salud (INS) advirtió que los casos de sífilis congénita superaron los 4.000 en 2024, lo que marca un aumento frente a 2023. La mayor carga se concentra en departamentos como Chocó y ciudades portuarias como Buenaventura, donde persisten barreras para el acceso a pruebas rápidas y tratamiento oportuno. Este repunte es un llamado de atención, pues la sífilis congénita es un evento prevenible que evidencia fallas en la atención prenatal y en la integración de las parejas en el tratamiento.

Al mismo tiempo, la ENDS 2025 reportó una disminución en el conocimiento sobre la transmisión maternoinfantil del VIH, que pasó del 73% en 2015 al 69% en 2025. Esta caída, aunque aparentemente menor, es una señal de alerta sobre la pérdida de efectividad de los programas de educación sexual. Además, el 18,2% de las mujeres declaró haber sufrido violencia de pareja y más del 70% de los casos ocurrieron en el hogar, lo que demuestra que la salud sexual también está atravesada por dinámicas de violencia y discriminación que deben ser atendidas desde el primer nivel de atención.

Justicia sexual y atención primaria: un vínculo inaplazable

El lema de 2025, “Sexual Justice: What Can We Do?”, invita a superar la mirada reduccionista de la salud sexual. No basta con garantizar acceso a servicios; es necesario abordar las causas estructurales de inequidad, como la discriminación hacia personas LGBTIQ+, la falta de servicios amigables para adolescentes y las barreras geográficas que enfrentan comunidades rurales y migrantes.

La atención primaria tiene un papel protagónico. Cada centro de salud debe ser capaz de ofrecer pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis B; garantizar el acceso inmediato a anticonceptivos, incluidos los de larga duración; extender la oferta de PrEP en poblaciones clave; y activar rutas efectivas contra violencias sexuales. Para ello, el país requiere fortalecer el talento humano, dotar de insumos diagnósticos y asegurar una coordinación real entre EPS, IPS y autoridades territoriales.