Si bien las dos propuestas tienen diferencias reales, ambos proyectos contienen el mismo pecado, que es la insostenibilidad del sistema de salud.
El debate sobre la reforma a la salud en Colombia sigue encendido, y no es para menos: lo que está en juego es cómo funcionará uno de los sistemas más importantes para la vida de todos los colombianos. En septiembre de 2025, en la Gaceta del Congreso, apareció la ponencia alternativa al proyecto oficial del Gobierno. A primera vista, este texto no es simplemente una “oposición” por llevar la contraria, es un intento de marcar un camino diferente, más gradual, para transformar la salud en el país.
A continuación, vamos a recorrer las principales ideas de cada propuesta, y luego ponerlas frente a frente para ver dónde coinciden, dónde divergen y qué implicaciones tienen. Veremos que, si bien tienen diferencias reales, ambos proyectos contienen el mismo pecado, que es la insostenibilidad del sistema de salud.
La propuesta del Gobierno: un cambio estructural y centralizado
La iniciativa del Gobierno parte de una crítica clara: el modelo actual de aseguramiento con EPS ha generado problemas de ineficiencia, corrupción y demoras en la atención. Para el Ministerio de Salud, estas entidades han distorsionado el sistema y ya no cumplen su función de garantizar la atención a los pacientes.
La solución que propone el Ejecutivo es sacar a las EPS del papel de aseguradoras y financieras y reemplazarlas por unas nuevas “Gestoras de Salud y Vida”. Estas gestoras no manejarían la plata de la salud: su tarea se limitaría a trámites básicos como agendar citas y entregar medicamentos. En otras palabras, serían oficinas de acompañamiento al usuario, no grandes aseguradoras como hoy.
El manejo de los recursos estaría totalmente concentrado en la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (ADRES), que se convertiría en el único pagador y ordenador del gasto: sería la encargada de girar directamente a hospitales, clínicas y médicos. La lógica detrás de esta idea es simple: si el dinero público se concentra en una sola entidad, es más fácil controlarlo y evitar fugas.
La columna vertebral de la reforma es un modelo de atención primaria en salud. El Gobierno quiere que el primer contacto de los colombianos no sea un hospital, sino equipos básicos de salud que vayan a las comunidades, identifiquen riesgos, prevengan enfermedades y acompañen de cerca a las familias. Esto se complementa con el fortalecimiento de la red hospitalaria pública, sobre todo en zonas rurales.
La propuesta incluye además medidas sociales:
- Reconocimiento económico al trabajo de cuidadores.
- Apoyo a mujeres gestantes no cotizantes, con un subsidio de tres meses.
- Formación de talento humano en salud, mediante becas y programas especiales.
- Mejoras inmediatas en las condiciones laborales del personal sanitario, al eliminar la tercerización y garantizar estabilidad.
En pocas palabras, la propuesta del Gobierno apunta a un rediseño total: un sistema sin EPS como las conocemos, con recursos centralizados, un enfoque en prevención y nuevos apoyos sociales.
La ponencia alternativa: transición gradual y equilibrio entre actores
La ponencia alternativa parte de un diagnóstico similar: hay inequidad territorial, malas condiciones laborales y demasiados problemas en la prevención y la detección temprana. Sin embargo, los ponentes consideran que el plan del Gobierno es demasiado brusco y que puede traer más problemas que soluciones si se aplica de inmediato.
El punto central de esta alternativa se encuentra en el papel de las EPS. En lugar de eliminarlas, plantea transformarlas en gestoras con funciones limitadas. Es decir, dejarles un papel administrativo y de articulación de redes, pero sin poder manejar libremente los recursos. Con esto se busca que el cambio sea más ordenado, al aprovechar parte de la experiencia acumulada por estas entidades, pero reducir su poder.
En cuanto al financiamiento, la ponencia rechaza que la ADRES tenga el monopolio total. Temen que una centralización absoluta genere retrasos en pagos y hasta riesgos de corrupción en una sola “caja grande”. Por eso, defienden un esquema mixto: la ADRES sí tendría un papel fuerte, pero con instancias intermedias para agilizar la gestión.
En gobernanza, la ponencia alternativa apuesta por la descentralización. Los departamentos y municipios tendrían más protagonismo en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos, bajo la idea de que son ellos los que conocen mejor las realidades locales.
Sobre el modelo de atención, también apoyan la atención primaria, pero insisten en que la transición debe ser gradual y articulada con la red hospitalaria ya existente. No se trata de desmontar lo que hay, sino de ir ajustándolo para que los cambios no desfinancien instituciones que hoy siguen siendo claves.
Por último, en el tema laboral, reconocen la urgencia de mejorar las condiciones del talento humano, pero piden cautela. Proponen avanzar hacia la formalización, sí, pero de manera progresiva, con un plan financiero que evite que hospitales y clínicas se vean colapsados por la carga salarial de un momento a otro.
Los puntos en común
Aunque en el debate se habla mucho de diferencias, vale la pena subrayar que ambos proyectos coinciden en varios aspectos:
- El diagnóstico: Reconocen que el sistema actual tiene problemas graves de acceso, inequidad y corrupción.
- El enfoque preventivo: Tanto el Gobierno como la ponencia alternativa coinciden en que hay que dar un giro hacia la atención primaria y la prevención.
- Quitar el riesgo financiero a las gestoras: En ambos casos, la ADRES asumirá el riesgo financiero.
- La urgencia laboral: Los dos proyectos quieren mejorar las condiciones del personal de salud y dignificar su trabajo.
- La necesidad de transparencia: Ambos proponen sistemas de auditoría y control más fuertes para garantizar que los recursos de la salud no se pierdan.
Puntos de choque
Donde se da la verdadera diferencia es en la velocidad y el alcance de los cambios.
- EPS: El Gobierno las casi elimina, la ponencia alternativa las transforma.
- Financiamiento: El Gobierno centraliza todo en la ADRES, la ponencia propone un modelo mixto.
- Gobernanza: El Gobierno concentra más poder en el nivel central, la ponencia empuja hacia la descentralización territorial.
- Condiciones laborales: El Gobierno quiere cambios inmediatos, la ponencia prefiere una formalización progresiva.
¿Qué implican estas diferencias?
El proyecto del Gobierno representa un salto radical: eliminar de raíz a las EPS, concentrar el poder financiero en la ADRES y reorganizar todo el sistema en torno a la atención primaria. El riesgo es que el cambio sea tan abrupto que cause desorden, retrasos y crisis de transición. Además, si bien en el sistema actual las EPS constituyen la puerta de entrada del sector y coordinan los diferentes prestadores de salud, en el sistema de salud como lo piensa el texto de la reforma, esta coordinación estaría repartida entre diferentes actores, lo que puede hacerla menos efectiva.
La ponencia alternativa, en cambio, es una apuesta por la gradualidad. Reconoce que el sistema necesita reformas, pero no cree que se deba destruir de la noche a la mañana. Prefiere un camino intermedio: menos poder a las EPS, más protagonismo territorial, formalización laboral con sostenibilidad, y cambios paulatinos que reduzcan el riesgo de colapso.
Conclusión: ¿Reforma radical o reforma gradual?
Mientras que el Gobierno quiere un rediseño completo, con fuerte liderazgo estatal, recursos centralizados y apoyos sociales nuevos, la ponencia alternativa busca ajustes menos traumáticos, manteniendo parte de la estructura actual y dándoles más peso a los territorios.
Lo cierto es que ambos proyectos parten de un mismo diagnóstico errado: el sistema de aseguramiento en salud ya no da más, y es necesario cambiar o suprimir las EPS. Las unidades por capitación (UPC) que reciben las EPS para manejar el riesgo de salud de sus afiliados han sido históricamente insuficientes, y el gobierno actual, para vender su reforma, decidió agravar esta situación con un incremento totalmente insuficiente de estas transferencias. En ambos proyectos, a mi modo de ver, se pierden totalmente los incentivos a controlar los gastos en salud, lo que haría automáticamente el sistema de salud insostenible. Aunque es menos fuerte en la ponencia alternativa, en todo caso a ningún actor le dolería el monto de las facturas pasadas a la ADRES. Esta función actual de las EPS de negociar las tarifas, y, por ende, de asumir el riesgo de insuficiencia de la UPC, no se puede trasladar a la ADRES sin generar un desbordamiento de los gastos en salud. Como ya lo he mencionado en otros escritos, un manual de tarifas traería incentivos perversos por la heterogeneidad de costos de los prestadores. Ambos proyectos parecen ignorar o subestimar este problema. Si la reforma del Gobierno es realmente un chicharrón indigesto para la salud de los colombianos, la ponencia alternativa se puede ver como un chicharrón “light” en su presentación, pero no necesariamente con menos efectos secundarios para la salud de los colombianos.
TOMADO DE: Lavozdelaopinion.com