POR JAVIER ALEXANDER MACÍAS |
Cinco días hábiles es el plazo que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), le dio nuevamente al gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, para que envíe los documentos que mostrarían las condiciones bajo las que se dispuso el traslado de restos óseos en los cementerios del corregimiento de Barbacoas, en Peque; Orobajo, en Sabanalarga; y La Fortuna, en Buriticá, todos inundados por el proyecto Hidroituango, y llevados al laboratorio de Antropología de la Universidad de Antioquia en 2018.
Según la JEP, “la Sección de Ausencia de Reconocimiento había solicitado a EPM entregar los documentos y demás soportes en los que se basó para realizar el traslado administrativo de cuerpos inhumados”, pero el plazo se venció el pasado 29 de julio, y la empresa no respondió al llamado de la Jurisdicción Especial ni justificó el incumplimiento.
La entrega de esta información es vital para que la JEP determine si emite medidas cautelares al considerar que, en la zona de influencia de la presa, “podrían haber osarios y fosas con cuerpos no identificados, posiblemente correspondientes a personas dadas por desaparecidas” en el conflicto armado, como lo afirman las víctimas de esta región.
Para la Sección de Ausencia de Reconocimiento, este traslado no ha sido tan claro y ha tenido varias irregularidades, como lo señaló la JEP en el auto AT125-2020: “Hay una notoria discordancia entre las afirmaciones de EPM en relación con los traslados administrativos de los cementerios y lo hallado por la JEP en el laboratorio de la Universidad de Antioquia. Asimismo, no hay claridad del debido cumplimiento de los procesos de recolección de información con las comunidades, ni del desarrollo de los procesos de búsqueda, prospección y exhumación realizados, ni de cómo estos se ajustan a los requisitos de ley y estándares técnicos y éticos”
Es por esta razón que Rendón, o quien haga las veces de gerente de EPM, tiene hasta el jueves para remitir lo solicitado por esta justicia transicional, de no hacerlo, se le aplicarían medidas correccionales que podrían contemplarse entre una multa o cinco días de prisión por desacato.
“Según la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP, EPM incumplió con diferentes órdenes judiciales que buscan proteger los derechos de las víctimas de desaparición forzada. La empresa no respondió a los requerimientos de la JEP, por esta razón, abrió el incidente en contra del gerente de EPM”, expresaron los magistrados.
Conocida la decisión, buscamos la versión de EPM que manifestó a través de un comunicado haber recibido en la tarde de ayer la notificación con la cual se le abrían las medidas correccionales a su gerente general por presuntamente no enviar la información solicitada.
“Este mismo auto concede un término de cinco días para que se envíen las explicaciones pertinentes. EPM evalúa el contenido del documento y dará las explicaciones correspondientes en el término allí indicado”, expresaron.
Un avance para la verdad
Para los representantes de las víctimas, la resolución de la JEP es un avance concreto para que los familiares de los desaparecidos, cuyos cuerpos pudieron ser exhumados y llevados a la U de A, conozcan la verdad de los sucedido en esta zona con las acciones de EPM.
Dice Isabel Zuleta, representante del movimiento Ríos Vivos, una Organización no Gubernamental (ONG) que agrupa a las personas que se identifican como afectadas por el proyecto Hidroituango, que es un avance para esclarecer todas las mentiras de EPM y la Universidad de Antioquia sobre los cuerpos exhumados en los campos santos de Orobajo, La Fortuna y Barbacoas.
“Ellos habían afirmado que era precisamente la Fiscalía la que les había dado el permiso a lo que llamaron un traslado administrativo, y el auto comprueba y deja en firme lo que nosotros venimos diciendo desde la audiencia: que eso no era cierto, que allá sí había víctimas del conflicto armado y que no había manera de que ellos afirmaran que no. Nosotros teníamos la información y queda claro que la Fiscalía no les dio el permiso”, dice.
Sin embargo, en la diligencia realizada por la JEP el pasado mes de octubre, la antropóloga Timisay Monsalve Vargas manifestó que la exhumación se hizo bajo los parámetros de la Ley y con los permisos del ente investigador.
Por su parte,Zuleta asevera que las víctimas se sienten abandonados por el Estado “que delegó sus funciones en una empresa que lo único que le ha interesado es sacar por encima del que sea, este proyecto adelante. Nos sentimos muy tristes al constatar que el Estado no atendiera a las víctimas, no entendiera su dolor, no hablara de los procesos judiciales y de la verdad”.
Según el Movice, en la zona de influencia de Hidroituango hay cerca de 600 desaparecidos; de estos, 287 estarían en Ituango, 236 en Puerto Valdivia, 65 en Peque, 54 en Briceño, 24 en Sabanalarga y 22 en Toledo.
La solicitud de pruebas no es un asunto nuevo. No surgió en el periodo del actual gerente de EPM. La JEP ha pedido a EPM que entregue los soportes de esta exhumación desde octubre de 2019, y según el auto, en una ocasión fue solicitado un plazo por el abogado representante, el cual venció hace 23 días. La medida llega en un momento en el que EPM pasa por una situación difícil en su gobernanza.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARÉNTESIS
PROTECCIÓN PARA RESTOS ÓSEOS
El 5 de noviembre de 2019, se dio un sellamiento parcial y temporal del laboratorio de Osteología Antropológica la Universidad de Antioquia como una de las medidas cautelares que la Jurisdicción Especial para la Paz decretó para la protección de los cuerpos provenientes de los cementerios de Orobajo, Barbacoas y la Fortuna, así como los restos que llegaron del Jardín Cementerio El Universal de Medellín. “Con el sellamiento queda restringido el ingreso a algunas zonas del laboratorio y solo podrá entrar el personal de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP (UIA)”.
Tomado de: www.elcolombiano.com