El modelo del Fomag, otra gran fractura del sistema de salud del país

La crisis del sistema de salud ha tocado la puerta de los pacientes, así como la de las EPS y las farmacéuticas, que desde hace más de tres años avisan de la insostenibilidad financiera del sistema y además han anunciado al Gobierno que el proyecto de ley propuesto por el ejecutivo es inconveniente.

Si bien, la discusión de la reforma no ha salido del Congreso, en medio de los planes del ‘Shu-Shu-Shu’ de Gustavo Petro, el Ministerio de Salud implementó en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) la reforma con la que se pretende modificar el sistema colombiano.

Y aunque los actores han mencionado los problemas que existen en este modelo propuesto por el Gobierno, quienes están pagando la falta de decisiones y de unión en el sector son los pacientes, en este caso, los maestros y sus familias.

Para esta segunda entrega de ‘Las Caras de la Crisis de la Salud’, Portafolio conoció el caso de Patricia Camacho, maestra del Distrito, que pidió que su nombre fuera cambiado por temor a una represalia por parte del Fomag. Camacho dijo que vive un verdadero “calvario” con la situación a la que se enfrenta hoy la salud de los docentes, principalmente, por la condición de su hijo, a quien se llamará Alejandro Camacho, que tiene síndrome down y epilepsia severa y que por la falta de entrega de medicamentos su salud se ha deteriorado.

Según lo relatado por la maestra, su hijo necesita tomar más de cuatro tipo de medicamentos por la epilepsia, ya que las convulsiones pueden aparecer entre cinco o seis veces al día, sin embargo, las medicinas no se las entregan.

“Interpuse una tutela que, gracias a Dios, falló a mi favor, pero cada vez que pueden y no entregan los medicamentos dicen que van a mirar este recurso a ver si pueden incurrir en desacato”, destacó.

También, la docente expresó que desde el dispensario de su EPS, Servisalud QCL, le han informado que cuando no hay medicamentos en la entidad, tiene razón de que “el Fomag o la Fiduprevisora no hacen las contrataciones de estas medicinas de alto costo o no se autorizan los pedidos de las mismas”.

Ante esto, declaró que se le ha remitido a droguerías de barrio para la entrega de los medicamentos, pero unas vez llega a estos establecimientos, tampoco se los dispensan. “Alejandro no puede estar sin sus medicinas”, confirmó.

Ahora bien, una de las preocupaciones que la docente tiene respecto a nuevo modelo de salud aplicado en el Fomag, es que sus mismos funcionarios no tienen conocimiento de las condiciones de salud de los afiliados y de sus beneficiarios, ni de como llevar a cabo los requerimientos de los profesores.

“Duré mucho tiempo esperando que me dieran el certificado de discapacidad, porque según lo que me decían los funcionarios del Fomag, el síndrome Down y su epilepsia, eran curables, por lo que él era un joven normal”, dijo.

En ese frente, un documento del centro de pensamiento Así Vamos en Salud, reveló que la insatisfacción de los docentes con el servicio médico ha crecido de manera alarmante, reflejándose en un aumento del 266% en las PQRS entre 2017 y 2023.

Aunque, también detallan que en 2024 se reportó una leve reducción de 298 quejas, el número total sigue siendo el doble de lo registrado antes de la pandemia.

Según el informe, “las barreras en el acceso a tecnologías y servicios de salud representan la causa más frecuente, concentrando el 90,8% de las quejas”, lo que para Así Vamos en Salud, evidencia la dificultad que enfrentan los docentes para recibir una atención adecuada.

Así mismo, otra de las preocupaciones tiene que ver con los recursos ejecutados en salud en el Fomag que alcanzaron los $4,8 billones, lo que representó un incremento del 184% frente al dato anterior. Allí, la mayor parte de este gasto estuvo asociado al aumento del costo médico, contratos de servicios asistenciales y cumplimiento de fallos judiciales, incluidas sentencias y conciliaciones.

“El resultado fue un déficit histórico de $2,1 billones, el más alto en la historia reciente del fondo”, dijo Así Vamos en Salud.

Otra de las caras de esta crisis, el Fomag y la salud en general, incluye a las enfermedades crónicas como la diabetes. Otro de los casos que este medio conoció tiene que ver con una docente que sufre de esta enfermedad desde hace más de 10 años y hoy es insulinodependiente.

Ella, quien también pidió no ser identificada, argumentó a este medio que desde la entrada en funcionamiento del nuevo modelo de salud en el Fomag, en varios meses se le ha suspendido la entrega de la insulina y de los insumos para su aplicación.

“Ahora el problema son los insumos para la aplicación del medicamento. En el dispensario me dicen que no hay tirillas para el glucómetro y tampoco agujas para la aplicación del medicamento”, dijo. Manifestó que la falta de estos insumos, según lo informado por los funcionarios de la EPS, se debe “a la falta de pago a la empresas que los proveen y no los despachan para que sean entregados a los pacientes”.

En ese frente, Jorge García, director de Retorno Vital, le manifestó a Portafolio que estos son medicamentos e insumos son incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS), pero que por la falta de recursos no se están entregando.

“Hoy no hay contratos, no pagan y como no pagan las deudas siguen creciendo y esto definitivamente es un chantaje para generar una reforma que no cambia para nada las necesidades del sistema”, aclaró.

En términos generales, el deterioro financiero del sistema de salud colombiano, que hoy tiene un déficit financiero que supera los $19,8 billones, según Anif, compromete de manera directa a toda la cadena de prestación, entre estas a la industria farmacéutica.

En diálogo con Portafolio, Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo en Colombia (Afidro), destacó que al cierre de 2024 la deuda con las empresas afiliadas ascendía a $4,6 billones, y solo en el segundo trimestre de 2025 ya alcanzaba $4,2 billones.

“De ese total, el 64 % corresponde a cartera corriente y $1,5 billones a cartera vencida, concentrándose más del 64% en los gestores farmacéuticos”, apuntó.

Adicionalmente, el líder gremial argumentó que esos niveles de endeudamiento reflejan el deterioro en la dinámica de pago, que, en sus palabras, ha generado una severa restricción de liquidez, afectando la inversión, la capacidad operativa y el cumplimiento de obligaciones.

“Desde Afidro insistimos en la necesidad de revisar la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el pago oportuno de los presupuestos máximos, y de promover un diálogo amplio entre el Gobierno y los actores del sector para asegurar la continuidad de los tratamientos y evitar una crisis mayor”, dijo.

Ahora bien, según Gaitán, el contexto actual del sistema ha generado incertidumbre en toda la cadena de producción y suministro de medicamentos.

Donde, además, la combinación del déficit financiero, los retrasos en los pagos, así como las demoras en los trámites ante el Invima, ha afectado directamente la operación de las compañías del sector.

Una de las razones por las que el sistema se encuentra en crisis y que los actores de la salud han referenciado, es el desfinanciamiento que hay en la UPC.

De acuerdo con el Ministerio de Salud, para este 2025 esa prima se fijó en $1.521.489,6, mientras que para el subsidiado es de $1.317.600,0. Esto representó un incremento del 5,36%, que de hecho, diferentes expertos y gremios, señalan que es insuficiente.

Para Augusto Galán, director de Así Vamos en Salud y exministro de la caretra, hoy el sector ha establecido diferentes estrategias para apaciguar los efectos de la desfinanciación del sistema. “En medio de la incertidumbre, lo que buscan esas entidades, esas organizaciones y los pacientes es mitigar lo más que puedan el daño que este Gobierno está causando”, opinó.

En la misma línea, Jorge García, director de Retorno Vital, reiteró que la falta en la entrega de medicamentos, el cierre de los servicios y el pulso dentro de la salud se debe a que “la plata no está alcanzando”.

“Las deudas que se están acumulando no se van a resolver. Nadie va a prestar servicios si sigue creciendo la cartera. La situación como es de ese nivel, suma a la incertidumbre que es la que está acabando con la salud y la vida de los colombianos”, apuntó.

Desde de otro punto de vista, Afidro atribuye la crisis de la salud a la falta de respaldo presupuestal y de una hoja de ruta definida de ejecución que ha obligado a los distintos actores a realizar ajustes logísticos, administrativos y tecnológicos sin contar con recursos adicionales. “Esto ha incrementado los costos de operación, afectando la planeación financiera y la capacidad de respuesta del sistema. En la práctica, las instituciones están asumiendo cargas adicionales en gestión, coordinación y tecnología, en un contexto ya marcado por el desfinanciamiento y la desactualización de la UPC”, manifestó.

Así mismo, agregó que las compañías de la industria farmacéutica están actuando con responsabilidad, adaptando sus planeaciones y fortaleciendo sus sistemas de información y articulación con distribuidores y prestadores para evitar interrupciones en los tratamientos

Las complicaciones en el sistema de salud han llevado a que las EPS del régimen subsidiado concentren gran parte de los reclamos en salud, según información de la Superintendencia Nacional de Salud.

De acuerdo con su último informe, en agosto, en estas entidades se presentaron un total de 57.296 reclamos, con una tasa régimen de 22,69 (número de reclamos por cada 10.000 afiliados).

En ese sentido, las EPS que más concentraron reclamos en números absolutos fueron la Nueva EPS con 10.977 casos y una tasa de 19,07, le sigue Coosalud con 6.146 reclamos (18,99), Savia Salud EPS con 5.960 (35,29), Capital Salud con 4.894 (44,32) y Emssanar con unos 4.020 (23,86). Desde otro punto de vista y retomando las PQRS del magisterio, la Supersalud refleja una tendencia de aumento en estos recursos interpuestos por los maestros.

Por ejemplo, durante el 2021 se presentaron 35.945 PQRS, repuntando a 42.339 en el 2022. Para el caso del 2023, reportaron un incremento a 46.359 las quejas, aunque en el 2024 se dio una mínima reducción a 46.061.