Hay programas que debieron apropiarse con recursos ordinarios. Se comprometen platas hasta 2037.
Por el Concejo de Medellín han pasado 11 proyectos para aprobar vigencias futuras durante la actual administración. En este momento, de hecho, hay una fuerte discusión alrededor del último, que pretende amarrar recursos para construir una cárcel metropolitana para sindicados.La constante de esta administración, como se puede ver en todos los acuerdos aprobados, es recurrir a las vigencias futuras cada vez que lo considere necesario.
En 2022, por ejemplo, se pidieron vigencias futuras en cinco proyectos. En total, la Alcaldía pidió $697.791 millones. Así iban repartidos: $479.827 millones para la vigencia 2023 y $217.964 para 2024.
Y acá viene la discusión. ¿Es necesario comprometerle recursos a la administración venidera? Eso depende de para qué se pida la plata, de qué tan apremiantes sean los proyectos. Y también de qué se entiende por vigencias futuras. De los $697.791 millones del año pasado, por ejemplo, $319.000 se destinaron a reparar los colegios de la ciudad.
En teoría, la razón de ser de las vigencias futuras es asegurar la ejecución de obras a largo plazo, no para hacer reparaciones que deberían entrar en los trabajos ordinarios de la administración.
Más allá de eso, hay que poner ojo a un asunto, y tiene que ver con la plata que Quintero dejaría “amarrada” para las próximas administraciones. Solo de los proyectos del año pasado para reparar colegios, redes hospitalarias y escenarios deportivos, esta Alcaldía, con la venia del Concejo, comprometió $217.964 millones.
Es decir, el alcalde que entre el 1 de enero de 2024 tendrá, sí o sí, es plata ya destinada dentro del presupuesto de ese año. Pero estos no son los únicos recursos que Quintero ha comprometido de los años siguientes.
El monto más grande tiene que ver con el Metro de Medellín, para el que se liberaron vigencias por $411.372 millones. Este es un caso que ejemplifica bien lo que se le está criticando a esta Alcaldía. El proyecto se presentó como vigencias ordinarias, es decir, que comprometen recursos fiscales del año que corre. Pero el grueso de la plata la tendrán que poner las siguientes administraciones.
El problema no es la destinación de los recursos, pues todos los concejales estuvieron de acuerdo en que eran necesarios. El asunto tiene más que ver con los tiempos. Los $411.372 millones serán destinados al Fondo de Estabilización Tarifaria, pero también se utilizarán para pagar una deuda de $161.000 millones que tiene la empresa con los operadores de las rutas 3 (Belén) y 6 (Aranjuez).
Lo que sí se cuestiona es por qué no se presentó antes el proyecto para pagar la deuda. El metro le debe a los operadores porque la Alcaldía no había girado la plata. ¿Por qué se dejó para el último año? El proyecto se aprobó en el Concejo de Medellín el 21 de diciembre de 2022. Los operadores de estas rutas llevaban casi tres años peleando para que les dieran estos recursos. De hecho, ya había un tribunal de arbitramento y, previo a la aprobación de las vigencias, el metro ya había anunciado una denuncia contra la alcaldía por la mora.
Algo muy similar pasa con el proyecto de la cárcel metropolitana para sindicados. Desde 2019 hay un fallo judicial que exigió a la Alcaldía de Medellín construir una cárcel para estas personas que hoy están hacinadas y en condiciones infrahumanas en las estaciones de Policía. Pues bien, pese a que el fallo dio tres años para que el proyecto se hiciera, hoy no se ha puesto la primera piedra.
La Alcaldía radicó hace unos días el proyecto de acuerdo para que a la cárcel, por fin, se le asignen recursos. La construcción es más que necesaria y apremiante, pero, una vez más, lo que se cuestionan son las formas. La concejala Leticia Orrego, del Centro Democrático, está tratando de convencer a sus colegas para que no aprueben estas vigencias futuras que, en sus palabras, serían un “cheque en blanco”.
El proyecto de acuerdo para la cárcel difiere un poco de los anteriores. Este pretende vigencias excepcionales, es decir, que no compormeten la vigencia fiscal actual, sino que comienzan desde los años venideros. Para construir la cárcel se utilizaría plata desde los años fiscales 2026 hasta 2037. En el primer año se pondrían $56.251 millones y en el último $56.251 millones. Es decir, están comprometidas las próximas cuatro administraciones.
El tema podría pasar relativamente de agache, o sea, no es raro que se comprometan las vigencias de los años fiscales futuros, para eso existe la figura. Lo que aquí extraña es por qué el proyecto se presentó apenas tres años pasados de la administración, si el fallo data de antes de la posesión del actual alcalde. ¿Por qué se esperó tanto?
Y es más extraño aún que la Alcaldía esté pidiendo el trámite del proyecto con urgencia. Para la próxima semana se programó el segundo debate. La petición de la concejala Orrego es que se aplace y se pueda discutir con tiempo. Este jueves pasado, en ese sentido, un grupo de ciudadanos de San Cristóbal, donde se construirá la cárcel, envió un derecho de petición pidiendo claridades sobre la obra. Alegan que no se les ha tenido en cuenta y que el proyecto generaría un daño ambiental sin precedentes.
Bien se haga la cárcel o no, Quintero quiere dejar más de un billón amarrado para las administraciones venideras
TOMADO DE: http://www.elcolombiano.com